Artículo 38B del Código Penal
Requisitos para conceder la prisión domiciliaria
Texto vigente del artículo 38B del Código Penal colombiano, con sus modificaciones.
- Parte general
- Título IV. De las consecuencias jurídicas de la conducta punible
- Capítulo I. De las penas, sus clases y sus efectos
ARTÍCULO 38B. REQUISITOS PARA CONCEDER LA PRISIÓN DOMICILIARIA. Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria:
1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de ocho (8) años de prisión o menos.
2. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2o del artículo 68A de la Ley 599 de 2000.
3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado.
En todo caso corresponde al juez de conocimiento, que imponga la medida, establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuación la existencia o inexistencia del arraigo.
4. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) No cambiar de residencia sin autorización, previa del funcionario judicial;
b) Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia;
c) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello;
d) Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
En palabras sencillas
¿Qué dice el artículo 38B?
Este artículo, introducido por la Ley 1709 de 2014, fija cuatro requisitos, todos obligatorios, para que el condenado cumpla la prisión en su casa. El primero mira el delito en abstracto, no la condena concreta: la pena mínima que la ley prevé para esa conducta debe ser de ocho años de prisión o menos. El segundo excluye los delitos enumerados en el inciso 2 del artículo 68A del Código Penal, sin importar la pena.
El tercero es el arraigo familiar y social: el condenado tiene que demostrar vínculos estables con un lugar. La norma encarga al juez de conocimiento decidir si existe o no ese arraigo con las pruebas del proceso.
El cuarto es una caución que garantiza cuatro obligaciones: no cambiar de residencia sin autorización judicial previa; reparar los daños en el plazo que fije el juez, asegurando la indemnización con garantía o acuerdo con la víctima, salvo insolvencia demostrada; comparecer cuando lo cite la autoridad que vigila la pena; y permitir las visitas de vigilancia, cumpliendo además las condiciones de la sentencia, del Inpec y del juez de ejecución de penas.
Ejemplo práctico
Andrés, enfermero en Bucaramanga, es condenado por un delito cuya pena mínima legal es inferior a ocho años y que no figura en la lista del artículo 68A. Vive hace diez años en el mismo barrio con su familia y trabaja en una clínica local. Con el contrato de trabajo, una constancia de la junta de acción comunal y recibos de servicios, el juez da por probado el arraigo y concede la domiciliaria, condicionada a la caución y a la reparación de la víctima en el término fijado.
Lo que ha dicho la jurisprudencia
- Sentencia SP918-2016 (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 3 de febrero de 2016, rad. 46647): el Tribunal negó la domiciliaria a un condenado por inasistencia alimentaria alegando que, por incumplir sus deberes con su hijo, carecía de arraigo. La Corte lo calificó de falsa motivación: el arraigo es el establecimiento permanente de una persona en un lugar por sus vínculos familiares, sociales, laborales o patrimoniales, y el incumplimiento de deberes no dice nada sobre eso. Concedió el sustituto. Fuente
- Sentencia C-646 de 2016 (Corte Constitucional): frente a una demanda contra el numeral 2 y un aparte del artículo 68A, la Corte se inhibió: lo planteado era un problema de interpretación legal que corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema. Fuente
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Preguntas frecuentes
¿La pena de ocho años se cuenta sobre la condena impuesta o sobre la del delito?
Sobre la pena mínima prevista en la ley para el delito, como dice el numeral 1. Así, una condena superior a ocho años no impide el beneficio si el mínimo legal del delito no pasa de ese tope.
¿Cómo se prueba el arraigo familiar y social?
Con cualquier medio que muestre vínculos estables con un lugar: certificados laborales, constancias de residencia, declaraciones o contratos de vivienda. Una simple dirección no basta.
¿Qué pasa si el condenado no tiene con qué reparar a la víctima?
El literal b) lo exime de asegurar la indemnización si demuestra insolvencia; las demás obligaciones se mantienen.
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