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Ley 56 de 1981

Artículo 5 de la Ley 56 de 1981

Texto vigente del artículo 5 de la Ley 56 de 1981, con sus modificaciones.

  1. Título I
  2. Capítulo II

Los municipios en cuyo territorio se construyan las obras a que se refiere esta Ley, constituirán fondos especiales cuyos recursos estarán destinados a inversión, en los programas y obras que el estudio socio-económico de que trata el artículo 6 de esta Ley, recomiende.

Los recursos de estos fondos provendrán del pago que las entidades propietarias deberán hacer a los municipios de un valor igual a la suma de los avalúos catastrales de todos los predios que dichas entidades adquieran y programen adquirir a cualquier título en la zona y que pagarán, por una sola vez, a los respectivos municipios, independientemente del pago del precio de compraventa a sus propietarios. El avalúo catastral, base para este pago será el último hecho por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por las entidades regionales autorizadas para ello, a la fecha que en la zona de las obras a que esta Ley se refiere, sea declarado de utilidad pública. Ver Artículo 56 y ss. Decreto Nacional 2024 de 1982

PARÁGRAFO 1º.– Dicha suma será pagada así:

a) A más tardar en la fecha de apertura de la licitación de las obras civiles principales, un primer contado equivalente al 50% de la suma total de los avalúos catastrales de los predios que haya adquirido y programe adquirir la entidad propietaria según el estudio socio-económico de que trata el artículo 6 de esta Ley. Ver Artículo 9 Decreto Nacional 2024 de 1982

b) El 50% restante se irá pagando a medida que se registre la escritura de cada uno de los predios que se adquieran.

PARÁGRAFO 2º.– Los recursos a que se refiere este artículo se destinarán exclusivamente a gastos de inversión en los programas y obras recomendadas en el respectivo estudio socio-económico y bajo el control de la Contraloría Departamental correspondiente.

Sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar, la destinación de los recursos de los fondos a finalidades diferentes de las que por esta Ley se señalan, constituirán causal de destitución de los tesoreros y demás funcionarios que resultaren responsables.

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